La responsabilidad del Estado, o si se quiere, bajo una visi n m's acorde con el sentir constitucional y convencional del fen meno, esto es, desde una perspectiva de v ctima, y de manera concreta, de los derechos que a estas le asisten de ser reparadas integralmente por los da os antijur dicos que se les causen, por quienes ejercen el poder, constituye uno de los m's grandes retos en la din mica del Estado de derecho; y m's a n, en especial, cuando ese da o antijur dico, proviene de la actividad del poder garante de los derechos individuales y de la integridad de los bienes de la colectividad en todas sus dimensiones, como lo es el Poder Judicial o por lo menos de todos aquellos que ejercen atribuciones de esta naturaleza en el contexto del orden constitucional vigente en cada Estado. En tal contexto, esta importante contribuci n a la doctrina de la responsabilidad del Estado del profesor Jaime Orlando Santofimio, Consejero de Estado y profesor de la Universidad Externado de Colombia que se edita en la Colecci n Estudios de Derecho Administrativos de la Editorial Jur dica Venezolana, aborda, desde la perspectiva convencional y constitucional, tres hip tesis altamente significativas de la actividad judicial anormal que generan responsabilidad del Estado: la de la privaci n injusta de la libertad, el error judicial, y el defectuoso funcionamiento de la administraci n de justicia, todas ellas de incidencia inevitable en el mbito de los derechos de las v ctimas que estas actividades generan, como consecuencia de la responsabilidad que se puede derivar del ejercicio de los poderes p blicos en todo Estado materialmente considerado como democr tico, social y de derecho. En esta perspectiva el trabajo monogr fico que se pone a consideraci n de la academia y de los estudiosos en general del derecho p blico, se soporta en la idea fuerza del ordenamiento jur dico convencional y constitucional, de la imposibilidad absoluta de admitir escenarios que amparen la arbitrariedad, el abuso, el exceso, el ejercicio desproporcionado, las omisiones y la inactividad con los que se producen da os antijur dicos ocasionados por los agentes estatales en desarrollo de la actividad judicial.
